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La protección de datos, arma de chantaje de los trabajadores

Derecho esencial a instrumento de chantaje. Este es el alarmante recorrido que ha emprendido la protección de datos en España, conforme denuncian los abogados de empresa. Los trabajadores, respaldados por sus representantes legales (abogados y sindicatos), están instrumentalizando la Ley Orgánica de Protección de Datos para lograr sus objetivos en las negociaciones empresariales. Una demanda unánime que La Revista ha constatado tras charlar con abundantes especialistas en protección de datos y Derecho Laboral.
 “A un cliente del servicio del campo de la educación un sindicato le denunció en la Agencia de Protección de Datos por el hecho de que no logró declarar improcedente el despido de una trabajadora. Ya antes conminaban con ponerte una demanda en la inspección de Trabajo o bien de Hacienda, ahora la moda es asistir a la Agencia”, asevera quejoso A. P., asociado directivo de P & A. “Me parece vergonzoso que se use esta práctica torticera”.
 La mayor parte prefieren denunciarlo de forma anónima. “Nos pasamos el día negociando con los sindicatos, y no deseamos que tomen represalias y compliquen todavía más las negociaciones”, reconoce un  especialista en protección de datos. Este letrado lamenta que la ley, que nació para resguardar un derecho esencial, “se haya transformado en una herramienta prácticamente de extorsión”.
J. A., directivo de área laboral de un despacho, comenta que “en ciertas ocasiones los trabajadores que ven en riesgo su puesto acostumbran a conminar con denunciar a la compañía frente a la inspección a consecuencia de presuntas irregularidades cometidas por ésta”. A. E, asociado directivo de otro despacho, va más allá: “En la Agencia de Protección de Datos existen muchas demandas falsas, que no procuran resguardar los derechos de los trabajadores sino más bien coaccionar a los empresarios para lograr unos objetivos determinados”.
Pese a que los abogados apuntan que no es un procedimiento frecuente, todos comprueban que desde, que entró en vigor el pasado abril, el Reglamento de Protección de Datos, esta práctica se ha multiplicado. Además de esto. Agregan que la circunstancia económica lo ha alentado. “Se da cada vez más”, mantiene un letrado laboralista de un despacho madrileño. Ana , asociada de otro despacho y especialista en protección de datos, asevera categórica que “ahora se da continuamente”.
Tanto Unión General de Trabajadores como Comisiones Obreras, niegan tajantemente este extremo. Los dos afirman ignorar esta problemática. “No conozco ni un caso de este tipo”,  si bien reconoce, “que eso no desea decir que no se dé”. Unión General de Trabajadores insiste en lo mismo: “Ignoramos que esta práctica ilícita se esté produciendo”. La Agencia de Protección de Datos, por su lado, ha declinado hacer declaraciones.

Las pequeñas y medianas empresas, las más perjudicadas

Los letrado de empresas consultados coinciden en apuntar que este particular modelo de coacción se da sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. 2 pesos pesados del planeta laboral de esta forma lo comprueban. I. S., asociado directivo , confirman que este procedimiento no se emplea en las negociaciones con las medianas y grandes empresas, que son a las que  aconsejan. Se debe a una razón muy sencilla: se emplea con las pequeñas, donde solo el doce por ciento  cumple con la ley, conforme la Agencia . “Es más simple coaccionar una compañía que sabes con toda probabilidad que no respeta la ley”. Diferentes fuentes apuntan que los campos más perjudicados son la banca, los seguros y la construcción.
Pone el ejemplo de un caso que últimamente ha tratado en su despacho: “El usuario de una empresa de seguros a la que aconsejamos deseaba que le cubrieran algo que no estaba en el contrato. La empresa aseguradora se ha negado y el cliente del servicio como represalia la ha denunciado en la Agencia de Protección de Datos”. En consecuencia, concluye el letrado, “la única solución para eludir estos casos es cumplir la ley”.

“Hipocresía sindical”

“Se aprovechan de la ley, en cambio son los primeros en incumplirla”. A. M. demanda de esta forma la hipocresía sindical que padecen los empresarios.
“Son la primordial traba para el cumplimiento de la protección de datos”, sigue. Esta letrada reprocha a los representantes sindicales que se nieguen a cumplir con las medidas de seguridad.
“¿Quién no ha visto alguna vez colgado en el tablón de anuncios de su empresa los datos personales de los trabajadores, sin que estos hayan dado su expreso consentimiento?”, Si este hecho “tan corriente” se denunciara en la Agencia de Protección de Datos, sería calificado como una infracción muy grave. O sea, la compañía podría ser sancionada con multas que irían de los trescientos euros a los seiscientos euros.


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Fuente: www. negocios. com